COMUNICACIÓN DE DÍA DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Con el fin de realizar un análisis de las violencias contra mujeres en Colombia, el Ministerio de Salud y de la Protección Social y su oficina de promoción social realizó una revisión de cinco fuentes de información, siendo estas El SIVIGILA operado por el Instituto Nacional de Salud, año 2017, el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS del Ministerio de Salud y Protección Social, año 2017, el Observatorio de Violencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, año 2017, la base de datos de Trata de Personas, del Ministerio del Interior, años 2016 y 2017 y resultados de la Encuesta de Demografía y Salud - sobre Violencia de Género, año 2015

En el año 2017 se reportaron 98.999 casos de violencia de género e intrafamiliar al SIVIGLA. El tipo de violencia que más se notificó es la física. El 77% de los casos se reportó en mujeres y el 23% en hombres, en las mujeres se reportan porcentajes más altos en violencia sexual. Del mismo modo, se presentan en niñas menores a 10 años reportes más altos de casos de violencia sexual por negligencia, mientras que en mujeres adultas se reportaron más casos de violencia física y psicológica.

EL mayor número de casos que reportó Medicina Legal, fue en violencia de género a manos de su pareja, donde el 97 % de los casos se presentó en los grupos de edad entre 15 y 54 años; seguido de los delitos sexuales, que ocurrieron en su mayoría en niñas y mujeres entre 0 y 19 años de edad en un 89% de los casos. En el 75% de los casos delito sexual, la victima contaba con un nivel de educación básica primaria o educación preescolar. También, el 76% de los casos de trata en mujeres tuvieron como finalidad la explotación sexual.

Por último, El 20% de las mujeres que refiero haber sido víctima de violencia de género, denunciaron su caso ante las autoridades; de ellas el 39,8% ante la comisaria de familia, y el 39,6 ante la fiscalía.

Como respuesta a este alarmante panorama la Organización Femenina Popular se ha propuesto promover y defender los derechos humanos y el desarrollo integral de las mujeres del Magdalena Medio, con conciencia de género y de clase, capaces de transformar su realidad a través de acciones políticas, jurídicas, organizativas y económicas.

Como uno de los planes de acción de esta misión, se llevaron a cabo brigadas psicojurídicas, como se acostumbra periódicamente, para las fechas del 6 al 16 de mayo de 2019 en los municipios donde la Organización hace presencia, siendo estos Barrancabermeja (Santander), Sabana de Torres (Santander), Puerto Wilches (Santander), San Pablo (Bolívar), Cantagallo (Bolívar) y Yondó (Antioquia).

De manera puntual, se observó que en el municipio de San Pablo (Bolivar), existen diferentes quejas que se presentaron alrededor del seguimiento jurídico que se ha hecho a la denuncia interpuesta recientemente por acceso carnal violento en menor de 18 años.

Del mismo modo, se evidenció la denuncia social que realizaba a su ex padrastro por los hechos de violencia sexual que vivió durante el tiempo que su madre cohabito con este durante 6 años, en la que fue abusada en tres oportunidades en el Municipio de Sabana de Torres.

Como medida inmediata de acción la organización Femenina Popular conforme al crecimiento del conocimiento crítico de la violencia patriarcal de la sociedad contra las mujeres, las organizaciones sociales deciden materializar el ejercicio efectivo y pleno del derecho a la vida de estas últimas. Por lo anterior, en el marco del proyecto del Observatorio de Feminicidios de Colombia el cual se nutrirá de la experiencia, gestión y coordinación de la Organización Femenina Popular, creará y aplicará la metodología llamada “círculos de autoprotección” para mujeres en riesgo de feminicidio y su entorno.

Todo lo anterior, porque la organización Femenina Popular encuentra dentro de sus pilares construir herramientas y estrategias participativas de protección, exigibilidad, sensibilización e incidencia dirigidas al empoderamiento de capacidades de los titulares de derechos, de responsabilidades y de obligaciones, para aumentar la garantía del derecho a la vida de las mujeres.